Me disculparía por el trato parcial que voy a ofrecer, sin embargo y dada la situación de nuestros políticos en relación al valor que toma actualmente para la mayoría el Tribunal Constitucional creo conveniente ensuciarme la lengua, a otros se les ensuciará la conciencia, supongo.
Antes de empezar las vacaciones de Navidad se nos encargó para Derecho Constitucional I el análisis de la situación actual del Tribunal Constitucional. En principio era difícil hallar información concluyente porque es obvio que recientemente ha habido una marcada polémica en torno a este tema, debido fundamentalmente al pronunciamiento de este órgano sobre el Estatuto de Cataluña y en la especial atención de los partidos políticos hacia la ya pospuesta renovación de los magistrados.
El origen del conflicto nació con la muerte por infarto de uno de los magistrados, Roberto García-Calvo y Montiel, de carácter conservador. Se dijo en los medios que este suceso dejó “cojo” al TC, ya que la mayoría pasaba a ser progresista y el suceso ocurrió justo en el momento en el que se planteó el problema del Estatuto de Cataluña, hasta el punto de que se especuló sobre cierta trama socialista de “hacerse con el poder”, estigmatización bastante típica del conservadurismo trasnochado, por cierto.
Al mismo tiempo, la política de la oposición encabezada por Trillo creyó conveniente emplear el legítimo bloqueo a la renovación, probablemente con la esperanza de que la jurisprudencia del TC les fuera favorable al PP en lo referente a la interposición sistemática de recursos de inconstitucionalidad ante el desarrollo normativo del gobierno de Zapatero relacionados especialmente con el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o el mismo Estatuto, principales preocupaciones de este partido. Es conveniente destacar que este bloqueo se hizo poco después de la muerte del magistrado, ya que si se producía la renovación era probable que el Tribunal se decantase más por el progresismo. De este modo se propuso a Enrique López, pero Enrique López no reunía objetivamente las cualidades para convertirse en magistrado del TC.
Anteayer mismo conocimos a través de González Pons la intención de continuar con este aburrido bloqueo en la necesaria renovación de un órgano que actualmente ve paralizada su tarea de un modo un tanto incómodo. Los populares vuelven a apostar por López tras diversas negociaciones que llevaron a María Dolores del Cospedal a llegar a un acuerdo con el PSOE para proponer a Pérez de los Cobos, un punto a favor de la Secretaria General. Ahora se han pronunciado en otro sentido y hasta como mínimo el 25 de enero no tendremos nada en claro sobre la renovación. ¿Qué ocurre?
El ex letrado del CGPJ y actual magistrado de la Audiencia Nacional parece una propuesta recurrente para paralizar la legítima renovación trianual de tres de los magistrados (en este caso cuatro). Enrique López es partidario de medidas conservadoras que le llevan a sugerir soluciones como la de la limitación de la tutela jurisdiccional efectiva para aquellos casos “obvios”, que vulneraría claramente el art. 24 CE para descongestionar la Administración de Justicia. Pero más allá de valoraciones subjetivas, el magistrado aún no ha cumplido los quince años de ejercicio como jurista, pero el problema no está en la calculadora de los populares, ahora el problema para la oposición está, de nuevo, en la terminología. ¿Ejerce la profesión de jurista un administrativo?
Pero es que la institución no está siendo vulnerada única y sistemáticamente por el desacuerdo entre partidos, sino que se está cuestionando su propia estructuración desde otros grupos parlamentarios. Por otra parte los escándalos que “legitiman” al principal partido de la oposición para desacreditar a la presidenta, María Emilia Casas, parece que están generando una cierta desconfianza de los ciudadanos en la institución, aparte del descontento generalizado sobre la STC 31/2010 de 28 de junio.
En mi opinión se está jugando a la gallinita ciega con algo tan importante como la constitucionalidad del desarrollo normativo de los últimos años. En un momento en el que a menudo nos encontramos con discrepancias más vale llegar a un acuerdo entre partidos mediante el diálogo que mediante la censura de unos y otros, al fin y al cabo la médula de la Transición se halla en el consenso y, por otra parte, la renovación trianual tiene la función esencial de preservar la esencia del pluralismo político, el retraso la vulnera. Asimismo cualquiera que sea la composición del órgano no debería alterar el cuerpo constitucional, si las secciones del legislativo no aceptan su número de diputados no deben sugerir que, por tener el TC la última palabra, tenga una función política y politizante, eso corresponde a otros poderes y en ningún momento se debe pretender manipular la doctrina constitucional de una forma tan vergonzosa.
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